Separar papeles y responsabilidades
Fijamos qué hizo cada administrador, socio o apoderado, porque la responsabilidad penal es personal.
Despacho de abogados penalistas especialistas en derecho penal económico: defendemos a administradores y socios cuando un conflicto societario adquiere relevancia penal, por toda la provincia de Cádiz.
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Es administrador de una sociedad, de hecho o de derecho, y le citan como investigado por las cuentas o las decisiones de la empresa.
Pueden investigar a quien figura en el registro y también a los administradores de hecho, que dirigen la sociedad sin cargo formal. Lo primero es separar qué papel tuvo cada persona, porque la responsabilidad penal es personal. Revisamos actas, cuentas y correos antes de su declaración y decidimos si conviene declarar, con asistencia letrada desde la primera comparecencia ante el juez.
Los administradores le impiden el ejercicio de sus derechos de socio: ser informado, intervenir en la gestión, vigilar la marcha de la empresa o suscribir acciones con preferencia.
Negar sin causa legal los derechos de los socios puede ser un delito del artículo 293, por ejemplo cuando se bloquea el acceso a las cuentas. Antes de denunciar conviene ordenar la prueba: requerimientos enviados, respuestas recibidas y actas de junta. La denuncia es un acto con consecuencias, y la acusación particular funciona mejor cuando llega bien documentada. Valoramos con usted si compensa antes la vía mercantil.
Manipulación de cuentas u otros documentos que reflejan la situación económica de la entidad, con perjuicio para la sociedad, un socio o un tercero.
El falseamiento de cuentas del artículo 290 exige que pueda dañar económicamente a la sociedad, a un socio o a un tercero. Comparamos las cuentas aprobadas con la contabilidad real, con peritos contables y con los informes de los auditores. Si las cuentas falseadas afectan a impuestos, estudiamos también el riesgo de un delito contra la Hacienda Pública (artículos 305 y siguientes).
Socios mayoritarios que aprueban acuerdos abusivos o aprovechan una mayoría ficticia en perjuicio de los demás.
Los artículos 291 y 292 castigan al socio o administrador que, apoyado en su mayoría, impone acuerdos abusivos con afán de lucro, propio o ajeno, perjudicando a los demás sin que la sociedad gane nada. Una mayoría ficticia puede nacer del abuso de firma en blanco, de la atribución indebida del derecho de voto o de la negación ilícita del voto a quien lo tiene. Analizamos la aprobación del acuerdo, quién votó y con qué documentación, y si hubo aprovechamiento para sí o para un tercero.
Dinero o bienes de la sociedad usados en provecho propio, o un administrador que se excede en sus facultades.
Se trata de administración desleal (artículo 252) o apropiación indebida (artículo 253), castigadas con las penas de la estafa, y es materia de derecho penal económico. La diferencia está en si hubo exceso de facultades o apropiación de lo recibido con obligación de devolverlo. Reconstruimos operaciones y flujos de caja para fijar el perjuicio económico y la autoría de cada decisión.
Una entidad sometida a un regulador recibe una inspección y se niega o dificulta su actuación.
El artículo 294 sanciona a los administradores de sociedades que operan en mercados vigilados por la Administración y niegan o impiden la labor de los órganos supervisores. El juez puede además acordar las consecuencias accesorias del artículo 129. Preparamos la respuesta a la inspección y la relación con la normativa sectorial desde el primer requerimiento.
¿Necesita valorar una situación societaria? Le escuchamos.
Pedir cita confidencialEn el ámbito penal, la norma se aplica a cada conducta concreta, no al conflicto en general.
Los delitos societarios se regulan entre el artículo 290 y el 297 del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Por sociedad no se entiende solo la sociedad mercantil: también la cooperativa, la caja de ahorros, la mutua, la entidad financiera o de crédito y la fundación que participan de forma permanente en el mercado (artículo 297).
El artículo 295, que castigaba la administración desleal societaria, se suprimió en 2015 y esa conducta se persigue hoy por el artículo 252. Por eso un asunto societario puede acabar calificado como administración desleal o apropiación indebida, y no solo con los tipos de los artículos 290 a 294.
Estos delitos exigen abogados expertos de un despacho de abogados penalistas, con un conocimiento profundo de tres ramas a la vez: derecho penal, derecho mercantil y contabilidad, y exigen experiencia con el capital social, las juntas y el tráfico mercantil. No obstante, no todos los conflictos entre socios llegan al juzgado penal; cuando hay engaño, falsedad, abuso de una mayoría o un acto de disposición de fondos de la sociedad en provecho propio, el asunto pasa de la junta al juzgado de instrucción y se abre un procedimiento penal.
| Supuesto | Pena |
|---|---|
| Falseamiento de cuentas y documentos socialesart. 290 CP | Prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses; mitad superior si el perjuicio llega a producirse. |
| Imposición de acuerdos abusivosart. 291 CP | Prisión de 6 meses a 3 años o multa de una a tres veces el beneficio obtenido. |
| Acuerdos lesivos por mayoría ficticiaart. 292 CP | La misma pena que el artículo 291. |
| Obstrucción de los derechos del socioart. 293 CP | Multa de 6 a 12 meses. |
| Obstrucción a la supervisiónart. 294 CP | Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. |
| Administración desleal y apropiación indebidaart. 252 y 253 CP | Las de la estafa: prisión de 6 meses a 3 años, y de 1 a 6 años en los casos agravados (artículo 250). |
Revisamos acuerdos, actas, contratos, cuentas anuales y documentación societaria, y fijamos qué prueba existe y cuál falta.
Valoramos posibles responsabilidades, la pena que puede corresponder y las consecuencias para la sociedad, los socios y el patrimonio.
Elegimos entre acuerdo entre socios, vía mercantil, querella o defensa penal, con la seguridad jurídica de cada una.
Nuestra intervención cubre todas las fases del procedimiento penal, con la rapidez que exige una citación como investigado.
Pedimos prueba, defendemos en el juicio y recurrimos las resoluciones que perjudiquen a nuestro cliente.
La instrucción corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial donde se cometió el delito (artículo 14.2 LECrim). Los artículos 290 a 294 tienen una pena máxima de 3 años, y los juzga la Sección de lo Penal (14.3). Si la administración desleal o la apropiación indebida superan cinco años, juzga la Audiencia Provincial de Cádiz (14.4).
Fijamos qué hizo cada administrador, socio o apoderado, porque la responsabilidad penal es personal.
Servicio de peritos expertos en contabilidad y auditores cuando el caso depende de cuentas, informes y operaciones.
Como acusación particular, ordenamos la prueba antes de denunciar, para que la querella llegue sólida.
Ofrecemos defensa penal técnica desde la citación como investigado hasta el juicio, sin prometer éxito.
Asesoramiento sobre la responsabilidad de la sociedad y el papel del cumplimiento normativo en cada área.
Estudiamos si compensa un acuerdo entre socios o la vía mercantil frente a la querella.
Opiniones de clientes
Son conductas relacionadas con la administración o gestión de una sociedad que tienen relevancia penal: falsear cuentas anuales, imponer acuerdos abusivos, usar una mayoría ficticia, negar a un socio el derecho a estar informado o impedir la supervisión (artículos 290 a 294 del Código Penal).
Sí. Puede denunciar la persona agraviada, normalmente un socio minoritario o la propia sociedad. Estos delitos solo se persiguen si denuncia el agraviado, salvo que el hecho dañe el interés general o a muchas personas (artículo 296). Conviene reunir antes la documentación.
No. Muchas discrepancias se resuelven por la vía mercantil, sin pasar por el juzgado penal. Lo penal empieza cuando hay engaño, falsedad, abuso de la mayoría o apropiación de fondos.
En la administración desleal (artículo 252) el administrador se excede en sus facultades y perjudica el patrimonio que gestiona. En la apropiación indebida (artículo 253) alguien se queda con dinero o bienes recibidos con la obligación de devolverlos.
El artículo 290 prevé prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses; si el perjuicio llega a producirse, se impone la mitad superior.
Actas, acuerdos sociales, contratos, cuentas anuales, libros contables, correos y cualquier documento que acredite quién decidió qué y con qué conocimiento.
Desde que exista un conflicto capaz de generar responsabilidad penal o conozca una denuncia o una investigación. Los primeros pasos, como una declaración o un requerimiento, pueden condicionar todo el procedimiento.
Algunas decisiones son importantes al principio: consúltenos a tiempo.
Pedir cita confidencialSi necesita valorar un conflicto societario o una situación relacionada con la gestión de una empresa en la que pueda ser investigado, puede solicitar una consulta confidencial para analizar las circunstancias del asunto antes de declarar.
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La primera cita es confidencial. Reserva absoluta desde el inicio, exista o no relación profesional posterior.
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