Revisión documental completa
Estudiamos con cada cliente contratos, acuerdos societarios y contabilidad para fijar la versión que los papeles sostienen.
Defensa en derecho penal económico para administradores, socios y empresas investigados, en toda la provincia de Cádiz, desde las primeras diligencias hasta el juicio.
Atención telefónica · 24 horas
Primera cita siempre confidencial
Sede: El Puerto de Santa María
Una decisión de gestión se examina en sede penal y la querella señala a quien firmó.
En el primer momento conviene saber qué hechos se atribuyen, a qué sociedad afectan y qué documentos pueden comprometerle. El administrador responde por sus actos, no por el mero cargo: hay que acreditar quién decidió, con qué información y con qué finalidad. La experiencia enseña que la primera declaración condiciona todo lo demás: antes de declarar ante el juez se revisan actas, poderes y cuentas, para que su versión se apoye en papeles y no en una opinión, con conocimiento de causa.
Una discrepancia mercantil se traslada a instrucción como administración desleal o delito societario.
Muchas causas nacen de un reparto de beneficios, un acuerdo impuesto en junta o la salida mal cerrada de un socio. La frontera entre el conflicto mercantil y el delito es estrecha, y la defensa trabaja para que la controversia vuelva a su cauce. Se estudian los estatutos, las cláusulas del pacto de socios y la contabilidad antes de decidir si se contesta, se recurre o se negocia.
Una inspección tributaria o laboral puede acabar en la Fiscalía por un posible delito.
Cuando la cuota defraudada supera ciento veinte mil euros por tributo y periodo (artículo 305), o cincuenta mil en la Seguridad Social (artículo 307), el asunto puede pasar a la jurisdicción penal. Regularizar antes de que la Administración inicie actuaciones o se presente querella evita la responsabilidad penal, y por eso cada plazo cuenta. Se revisan liquidaciones, informes y estado del expediente antes de dar respuesta a la Administración, con asesoramiento legal desde el principio.
Vender o ceder bienes con acreedores reclamando puede leerse como alzamiento de bienes.
El artículo 257 castiga ocultar o disponer de bienes en perjuicio de los acreedores, y los artículos 259 y 259 bis alcanzan los actos de disposición en situación de insolvencia. La defensa separa una reestructuración razonable de un vaciamiento del patrimonio, con la contabilidad, las fechas y el motivo de cada operación sobre la mesa.
La falsedad documental aparece como pieza central cuando la documentación decide el caso.
Se analiza quién elaboró y firmó cada documento, con qué soporte y si la supuesta alteración tuvo relevancia real en la operación investigada. Un peritaje contable o informático puede ser decisivo para acreditar el contexto, desmontar una sospecha o fijar con claridad el alcance exacto de lo ocurrido.
La persona jurídica responde penalmente en los casos previstos y su compliance se examina.
La Ley Orgánica 5/2010 introdujo esa responsabilidad (artículo 31 bis). La sociedad puede quedar exenta si antes del hecho adoptó y ejecutó un modelo de prevención eficaz. Revisamos si existe ese modelo, qué acredita y qué atenuantes del artículo 31 quater pueden aplicarse: confesar, colaborar con pruebas nuevas, reparar el daño o implantar medidas de prevención antes del juicio.
Una discrepancia de negocio solo es delito si hay engaño, abuso o perjuicio que la acusación pueda probar.
En España los delitos económicos no son un único tipo penal. Esta área del derecho penal es un conjunto de infracciones que protegen el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, repartidas entre el título XIII del Código Penal, artículos 234 a 304, y el título XIV. Entre ellas están la administración desleal, la apropiación indebida, las insolvencias punibles, los delitos societarios, el blanqueo, la corrupción en los negocios y el fraude fiscal. Todas se producen en el tráfico mercantil ordinario, y ahí está la dificultad: separar la práctica empresarial legítima del delito.
Casi ninguno se prueba con un testigo: se prueban con papel, y la experiencia así lo confirma. Contratos, actas, cuentas anuales, correos y movimientos bancarios deciden si una discrepancia empresarial es un pleito mercantil o un delito. Por eso el primer paso de la defensa penal es reconstruir la operación con rigor y con las cifras delante, sobre una base documental sólida. Desde nuestro despacho de abogados penalistas en El Puerto de Santa María leemos esa documentación como especialistas y con criterio de abogado experto: como la leerá la acusación, buscando el punto débil antes de que lo encuentre el fiscal. En las causas que rozan el conflicto con terceros distinguimos la estafa del simple incumplimiento, y cuando el origen del dinero se cuestiona entramos en el blanqueo de capitales, que tiene su propia página.
Algunos asuntos ni siquiera empiezan en un juzgado. Surgen de una inspección, una reclamación económica o una pelea entre socios, y avanzan sin detención ni ruido. La experiencia también enseña que se pierde un tiempo valioso: quien no sabe todavía qué delito se le atribuye espera a la citación, y entonces ya han pasado semanas en las que el procedimiento penal podía haberse encauzado. Nuestra dedicación empieza en la primera consulta, con trato cercano y cada paso explicado, para afrontarlo con tranquilidad.
| Supuesto | Pena |
|---|---|
| Fraude a la Hacienda Públicaart. 305 | Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo, con cuota superior a 120.000 euros. Regularizar a tiempo excluye la responsabilidad. |
| Fraude agravado a Haciendaart. 305 bis | Prisión de dos a seis años si la cuota supera 600.000 euros, hay organización criminal o se usan sociedades interpuestas o paraísos fiscales. |
| Seguridad Social y subvencionesart. 307 y 308 | Prisión de uno a cinco años: más de 50.000 euros a la Seguridad Social, o más de 100.000 en subvenciones, salvo reintegro previo. |
| Alzamiento de bienes e insolvenciasart. 257, 259 y 259 bis | Prisión de uno a cuatro años y multa. El artículo 259 bis la eleva a de dos a seis años en los casos agravados. |
| Administración desleal y apropiación indebidaart. 252 y 253 | Penas de la estafa: prisión de seis meses a tres años (248) y de uno a seis años con alguna agravante del artículo 250. |
| Corrupción en los negociosart. 286 bis | Prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial para industria o comercio de uno a seis años. |
Estudiamos con cada cliente contratos, acuerdos societarios y contabilidad para fijar la versión que los papeles sostienen.
Un equipo penalista trabaja con peritos cuando el caso lo exige: trazabilidad de fondos y análisis contable.
Defendemos a administradores, socios, directivos y a la sociedad, con una estrategia que protege los intereses de cada cliente.
Servicio de asesoramiento legal en compliance: planes, formación interna y auditorías para reducir el riesgo penal de la empresa.
Recurrimos embargos y bloqueos que ponen en riesgo la actividad y la continuidad del negocio.
Dirige cada asunto Luis López de Castro Martín, con más de cuarenta años de experiencia en la jurisdicción penal. Sin prometer resultados.
¿Necesita valorar una situación? Le escuchamos.
Pedir cita confidencialNos cuenta el caso en una primera consulta y reunimos contratos, actas, cuentas y requerimientos recibidos, sin esperar a la citación.
Con experiencia y rapidez, analizamos las diligencias, valoramos los riesgos y, si hace falta, encargamos un peritaje contable.
Preparamos la declaración como investigado: completa, coherente con los documentos y con respuesta clara a cada pregunta.
Recurrimos embargos y bloqueos de cuentas, defendemos la libertad del investigado si hay medidas cautelares y proponemos diligencias de descargo.
Buscamos la solución que encaje con los hechos: negociar una conformidad o llegar a la vista con la prueba pericial preparada.
La instrucción corresponde al Tribunal de Instancia del partido judicial donde se cometió el delito (artículo 14.2 LECrim). Conocer cómo trabaja cada partido judicial forma parte de nuestra experiencia. El enjuiciamiento depende de la pena: hasta cinco años, la Sección de lo Penal (artículo 14.3); por encima de cinco años, la Audiencia Provincial de Cádiz (artículo 14.4). El fraude fiscal básico del artículo 305 queda en el primer grupo, y el agravado del 305 bis en el segundo.
Opiniones de clientes
Son conductas con relevancia penal que suelen producirse en el ámbito empresarial, societario o patrimonial, como el delito fiscal, la administración desleal, las insolvencias punibles o la corrupción en los negocios. También entran los delitos societarios, la falsedad documental y el blanqueo de capitales.
Sí. Las decisiones de gestión pueden dar lugar a responsabilidad individual, aunque la sociedad también esté investigada. Hay que probar quién decidió y con qué información, y esa es la línea que ordena la defensa de cada administrador, de forma separada.
Sí. La persona jurídica responde en los supuestos que prevé el Código Penal cuando el delito se comete en su beneficio y no tenía un modelo de prevención eficaz (artículo 31 bis). Si el modelo solo se acredita en parte, puede atenuar la pena.
Según los hechos, una controversia societaria puede trascender el ámbito mercantil y dar lugar a actuaciones penales. Antes de contestar a una querella se revisan estatutos, pactos y acuerdos de junta para saber si hay delitos societarios o solo un pleito mercantil.
Cuando la cuota defraudada a la Hacienda Pública excede de ciento veinte mil euros por tributo y periodo (artículo 305). Regularizar antes de que la Administración inicie las actuaciones o de la querella evita la responsabilidad penal.
Depende de la pena máxima: cinco años si no excede de cinco, diez si excede de cinco y no pasa de diez (artículo 131 del Código Penal). El plazo se comprueba en cada hecho desde el primer día.
No es lo mismo. El cohecho y la malversación de caudales públicos los cometen autoridades o funcionarios y tienen su propia página. En ellos, un abogado penalista puede intervenir tanto en la defensa como en la acusación, ante la justicia penal.
Desde que hay noticia de una investigación, un requerimiento de Hacienda o una citación como investigado. Elija especialización en esta materia, experiencia y trayectoria en la jurisdicción penal, trato directo y un equipo con peritos. La confianza se construye con claridad sobre los riesgos, cercanía, profesionalidad y reserva, y sin prometer resultados. Es un servicio de asesoramiento penal, no de promesas.
Cuanto antes se revisa la documentación, más opciones tiene la defensa.
Pedir cita confidencialSi necesita valorar una investigación, una denuncia o una situación con posible relevancia penal en el ámbito empresarial o patrimonial, puede solicitar una consulta confidencial para analizar las circunstancias de su caso.
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