Con carácter general, comete administración desleal quien, teniendo facultades para gestionar un patrimonio ajeno, se excede en ellas y causa un perjuicio a ese patrimonio, siempre que concurran los demás requisitos del tipo penal. Es el delito del administrador que usa la caja de la sociedad como si fuera propia, del apoderado que vende por debajo de su valor o del gestor que firma operaciones que nadie le autorizó. Está en el artículo 252 del Código Penal y se castiga con las mismas penas que la estafa.
Lo difícil es probarlo, porque una mala gestión no es un delito. Para que el juez condene hace falta demostrar que el administrador se salió de lo que podía hacer y que esa decisión, y no el mercado o la mala suerte, causó el perjuicio al patrimonio administrado.
Qué es el delito de administración desleal
El artículo 252 castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en su ejercicio y causa un perjuicio a ese patrimonio. Es un delito especial: el sujeto activo solo puede ser quien tiene esas facultades. Pueden venir de tres fuentes:
- La ley, como el administrador de una sociedad o el tutor.
- Un encargo de la autoridad, como el administrador concursal o el depositario judicial.
- Un negocio jurídico, como un poder notarial, un mandato o un contrato de gestión.
Hasta 2015 existía además un delito societario específico, el del antiguo artículo 295. La reforma de ese año lo suprimió y unificó todo en el 252, que hoy se aplica igual al administrador de una sociedad que al hermano que gestiona las cuentas de la madre o al apoderado de un particular.
Administración desleal y apropiación indebida: la diferencia
Se confunden mucho, y el Tribunal Supremo ha tenido que trazar la línea en muchas sentencias. En el delito de apropiación indebida, el que recibe el dinero o la cosa se la queda para sí o para otro, con voluntad de no devolverla. En la administración desleal no hace falta quedarse nada: basta con gestionar mal a sabiendas, excediéndose, y causar el daño. Un administrador que se transfiere fondos de la empresa a su cuenta personal suele encajar en la apropiación indebida. Uno que vende un inmueble de la sociedad a una empresa amiga por la mitad de su valor puede cometer administración desleal, aunque no se lleve un euro.
Ejemplos habituales de administración desleal
Estos son los supuestos que más llegan a los juzgados:
- Ventas o compras a precio fuera de mercado con sociedades vinculadas al administrador o a su familia.
- Gastos personales cargados a la sociedad: viajes, vehículos o reformas que nada tienen que ver con la actividad.
- Retribuciones que nadie aprobó: sueldos o primas que el administrador se fija sin acuerdo de la junta, cuando los estatutos lo exigen.
- Préstamos o avales de la sociedad a terceros sin garantías, en interés de otro negocio del administrador.
- Uso de un poder notarial para vender bienes de quien lo otorgó, o para cancelar sus cuentas, fuera de lo que se encargó.
- Gestión de cuentas de un familiar mayor con disposiciones que no se destinan a su cuidado.
En todos hay un patrón: alguien con capacidad de decidir sobre un patrimonio ajeno toma una decisión que le beneficia a él o a un tercero, y el titular sale perjudicado.
Cómo se demuestra la administración desleal
La prueba suele ser documental y contable. Para sostener una acusación hay que acreditar cuatro cosas:
- Que el acusado tenía facultades de administración: escrituras de nombramiento, poderes, contratos de gestión, estatutos.
- Que se excedió: comparar lo que hizo con lo que podía hacer. Aquí pesan las actas de la junta, los límites del poder y lo que exigen los estatutos.
- Que hubo perjuicio patrimonial: no basta con que la operación fuera discutible; tiene que haber un daño cuantificable. Es habitual un informe pericial que valore el precio de mercado o reconstruya los movimientos.
- Que actuó con dolo: que sabía que se excedía y que perjudicaba. El error de gestión o la decisión arriesgada que salió mal no son delito.
Las piezas que más pesan son los extractos bancarios, la contabilidad, las facturas, los correos sobre la operación y la pericial económica. Cuando el socio que denuncia no tiene acceso a esa documentación, se puede pedir al juez que la requiera a la sociedad o a los bancos.
Defenderse de una acusación de administración desleal
Desde la defensa, los mismos cuatro puntos son los que se discuten. En la defensa se analiza, por ejemplo, si la operación estaba autorizada por la junta, si el precio era razonable según una pericial contraria o si el supuesto perjuicio es en realidad un conflicto de reparto entre socios que corresponde a la vía mercantil. Si te acusan como administrador, conviene contar cuanto antes con un abogado de delitos societarios que revise las actas y la contabilidad antes de que declares.
¿Un conflicto entre socios ha llegado al juzgado? Revisa tu posición antes de mover ficha.
Pedir citaPenas por administración desleal
| Supuesto | Pena |
|---|---|
| Perjuicio de hasta 400 euros | Multa de uno a tres meses |
| Caso general | Prisión de seis meses a tres años |
| Perjuicio superior a 50.000 euros u otra agravante del art. 250 | Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses |
| Perjuicio superior a 250.000 euros | Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses |
Las agravantes son las de la estafa: entre otras, que el perjuicio sea de especial gravedad, que afecte a muchas personas o que se abuse de la credibilidad empresarial o profesional. Además de la pena, el condenado responde civilmente: debe devolver o indemnizar el perjuicio causado.
Hay un matiz importante en los conflictos familiares. El artículo 268 del Código Penal deja exentos de responsabilidad penal, aunque no civil, a los cónyuges que no estén separados legalmente o de hecho, ni en trámite de separación, divorcio o nulidad, y a ascendientes, descendientes y hermanos por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, siempre que no haya violencia, intimidación ni abuso de la vulnerabilidad de la víctima por su edad o discapacidad. Si el que gestionó mal el dinero fue un hijo o un hermano, y se cumplen los requisitos de ese artículo (los afines, por ejemplo, solo si conviven), el asunto se reclama por la vía civil. En cambio, si un hijo dispone del dinero de un padre mayor aprovechando su dependencia, la exención no se aplica y el asunto puede seguir por la vía penal.
Preguntas frecuentes sobre administración desleal
¿Cuándo prescribe la administración desleal?
Depende de la pena. En el caso general, con pena máxima de tres años, prescribe a los cinco años. Si concurre una agravante y la pena máxima llega a seis u ocho años, el plazo sube a diez. Se cuenta desde que se cometió el delito y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado (artículos 131 y 132 del Código Penal), así que no es un calendario automático.
¿Puede denunciar un socio minoritario?
Sí puede denunciar. Para querellarse como acusación particular hay que tener en cuenta que el patrimonio perjudicado es el de la sociedad, por lo que su condición de perjudicado puede discutirse. En ese caso caben la acusación popular o, por la vía mercantil, la acción social de responsabilidad contra el administrador (artículos 238 y 239 de la Ley de Sociedades de Capital). Si la junta está controlada por el administrador denunciado, el minoritario suele ser quien da el primer paso.
¿Es lo mismo que la apropiación indebida?
No. En la apropiación indebida el acusado se queda con dinero o bienes que debía devolver. En la administración desleal basta con gestionar excediéndose y causar perjuicio, aunque no se quede nada.
En LAWPRO Penal llevamos causas por administración desleal y conflictos entre socios en toda la provincia de Cádiz, tanto en la defensa de administradores como en la acusación de socios y sociedades perjudicados.
Si te han denunciado por la gestión de una sociedad o de un patrimonio familiar, o eres socio y sospechas de la administración, conviene revisar las actas, la contabilidad y los movimientos antes de dar ningún paso. En LAWPRO estudiamos tu caso y valoramos contigo las posibles vías. Puedes escribirnos desde la página de contacto.
Llámanos al 629 46 70 75.
Luis López de Castro Alonso · Abogado penalista · Colegiado núm. 11.246 del ICAS
Defensa penal en la provincia de Cádiz, desde la primera declaración hasta la sentencia.
