Con carácter general, hay delito fiscal cuando la cuota defraudada a Hacienda supera los 120.000 euros por tributo y periodo impositivo, siempre que concurran los demás requisitos del artículo 305 del Código Penal. Por debajo de esa cifra, el fraude se trata como una infracción tributaria que sanciona la propia Administración. Por encima, el caso puede llegar al juzgado, con penas de prisión de uno a cinco años.
No basta con superar una cifra. El cálculo de la cuantía defraudada y el análisis de la conducta, si hubo ocultación o se trató de un error, son fundamentales para determinar si existe responsabilidad penal y valorar las vías de defensa.
Cuándo es delito fiscal: el límite de 120.000 euros
El artículo 305 del Código Penal castiga a quien defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local por encima de ese umbral. Cuentan para llegar a la cifra:
- La cuota de un tributo que no se ha pagado (IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades…).
- Las retenciones o los ingresos a cuenta que se debían ingresar y no se ingresaron.
- Las devoluciones obtenidas indebidamente.
- Los beneficios fiscales disfrutados sin tener derecho a ellos.
Cómo se calcula la cuantía defraudada
La cifra no se suma a lo largo de los años. En los impuestos periódicos se mira cada periodo impositivo por separado. Si una empresa deja de ingresar 90.000 euros de Impuesto sobre Sociedades en 2023 y otros 90.000 en 2024, ninguno de los dos ejercicios alcanza por sí solo el umbral del artículo 305, aunque el total sea de 180.000. Eso no significa que no haya consecuencias: Hacienda puede regularizar y sancionar esas cuotas por la vía administrativa, y otros hechos del caso, como el uso de facturas falsas, pueden encajar en delitos distintos.
El artículo 305.2 del Código Penal añade una regla para los periodos de declaración inferiores a un año, como el IVA trimestral: lo defraudado se refiere al año natural. Los cuatro trimestres de IVA de un mismo año sí se suman entre sí.
El mismo apartado prevé una excepción: si el fraude se comete dentro de una organización o grupo criminal, o a través de sociedades que aparentan una actividad que no tienen, el delito se puede perseguir desde el momento en que se alcanzan los 120.000 euros, sin esperar a que cierre el ejercicio.
No basta con deber dinero
Para que haya delito tiene que haber defraudación: ocultar ingresos, inflar gastos, usar facturas falsas o simular operaciones. Quien declara bien lo que debe y no lo paga, por falta de liquidez, tiene una deuda con la Administración tributaria, pero por regla general no comete un delito contra la Hacienda Pública. Y al revés: presentar la declaración no te protege si se demuestra que lo declarado era falso.
Diferencia entre infracción tributaria y delito fiscal
| Infracción tributaria | Delito fiscal | |
|---|---|---|
| Cuantía | Hasta 120.000 euros (*) | Más de 120.000 euros |
| Quién lo decide | La Agencia Tributaria | Un juez penal |
| Consecuencia | Sanción económica | Prisión, multa y pérdida de ayudas |
| Prescripción | 4 años | 5 o 10 años, interrumpible (Código Penal) |
| Antecedentes penales | No | Sí, si hay condena |
(*) Hay una excepción: cuando el fraude perjudica a la Hacienda de la Unión Europea (por ejemplo, aranceles y derechos de aduana), hay delito desde 100.000 euros en un año natural, y entre 10.000 y 100.000 euros existe un delito atenuado, castigado con prisión de tres meses a un año o multa (artículo 305.3 del Código Penal).
La cuantía defraudada es uno de los elementos que delimitan el delito fiscal, pero no el único: también hay que analizar si concurren los requisitos legales de la defraudación y las circunstancias de cada caso. Con todo, la misma conducta, por ejemplo ocultar ventas, puede quedar como infracción tributaria con una cuota de 100.000 euros y llegar al juzgado con una de 130.000. Por eso, en una infracción la discusión se queda con la Administración tributaria, mientras que en un delito el investigado se juega también los antecedentes penales.
Los plazos de prescripción de la tabla son orientativos y no funcionan como un calendario automático. La prescripción de las facultades de Hacienda la regula la Ley General Tributaria: cuatro años desde que termina el plazo para declarar, que se interrumpen con cualquier actuación de la Administración notificada al contribuyente, con los recursos o con la remisión del caso a la vía penal (artículos 66 a 68 de la Ley General Tributaria). La del delito se rige por el Código Penal: cinco años cuando la pena máxima no pasa de cinco y diez en el tipo agravado, que llega a seis (artículo 131). Ese plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado (artículo 132).
Penas del delito fiscal según el Código Penal
Si la cuantía supera los 120.000 euros, el artículo 305 del Código Penal prevé:
- Prisión de uno a cinco años.
- Multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. Con 150.000 euros defraudados, la multa puede ir de 150.000 a 900.000.
- Pérdida, durante tres a seis años, del derecho a recibir subvenciones y ayudas públicas y a aplicar beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Delito fiscal agravado (artículo 305 bis)
La pena sube a prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo cuando ocurre alguna de estas circunstancias:
- La cuota defraudada pasa de 600.000 euros.
- El fraude se comete en el seno de una organización o grupo criminal.
- Se usan testaferros, sociedades interpuestas, fiducias o paraísos fiscales para ocultar quién es el obligado tributario, cuánto se ha defraudado o dónde está el patrimonio.
En estos casos la pérdida de ayudas y beneficios fiscales se alarga de cuatro a ocho años.
Cómo pasa un caso de Hacienda a la vía penal
Casi siempre empieza con una inspección. Si durante la comprobación los inspectores ven indicios de delito, la Agencia Tributaria remite el expediente al Ministerio Fiscal o al juzgado. Es lo que se conoce como pasar el tanto de culpa.
Desde ese momento hay dos frentes abiertos: el proceso penal y la propia Hacienda, que puede seguir liquidando la deuda y cobrándola, porque el procedimiento penal no paraliza el cobro salvo que el juez lo suspenda con garantía. El resultado final de la liquidación se ajusta después a lo que diga la sentencia.
Si estás en una inspección y las cifras que maneja Hacienda rondan los 120.000 euros en algún ejercicio, ese es el momento de hablar con un abogado de derecho penal económico. Revisar el cálculo de la cuota es una parte importante de la defensa: un gasto que sí era deducible o un ingreso imputado al año equivocado pueden cambiar la cifra que Hacienda considera defraudada.
¿Hacienda está investigando un posible delito fiscal o te han citado del juzgado? Revisa la documentación antes de dar ningún paso.
Pedir cita¿Se puede evitar la condena por delito fiscal?
Hay dos vías que el propio Código Penal recoge:
- Regularizar antes de tiempo. Si reconoces y pagas toda la deuda tributaria antes de que Hacienda te notifique el inicio de una comprobación, de que se presente querella o denuncia contra ti, o de que el fiscal o el juez realicen actuaciones que te permitan tener conocimiento formal de que se ha abierto una investigación, no hay delito. La regularización cubre también las irregularidades contables vinculadas a esa deuda. Llegar tarde la deja sin efecto.
- Pagar y reconocer los hechos ya en el proceso. Si en los dos meses siguientes a la citación judicial como investigado pagas la deuda y reconoces los hechos, el juez puede rebajar la pena en uno o dos grados.
Cuál de las dos conviene, o si conviene no reconocer nada porque el cálculo de Hacienda es discutible, depende de cada expediente. No es una decisión que deba tomarse sin revisar antes la liquidación.
Preguntas frecuentes sobre el delito fiscal
¿Se entra en prisión por un delito fiscal?
No siempre. Si la pena impuesta no supera los dos años, no tienes antecedentes y has pagado la responsabilidad civil, el juez puede suspender la ejecución de la pena. En la práctica, pagar la deuda pesa mucho en esa decisión.
¿Puede una empresa cometer un delito fiscal?
Sí. Las sociedades tienen responsabilidad penal por delitos contra la Hacienda Pública, con multas calculadas sobre la cantidad defraudada y la pérdida, de tres a seis años, del derecho a ayudas y beneficios fiscales. Eso no excluye la responsabilidad del administrador que tomó las decisiones.
¿Hacienda puede embargarme mientras dura el juicio penal?
Sí. La existencia del procedimiento penal no detiene el cobro de la deuda tributaria. Solo se suspende si el juez lo acuerda, normalmente con una garantía.
En LAWPRO Penal defendemos a empresarios, administradores y particulares investigados por delitos contra la Hacienda Pública en toda la provincia de Cádiz: El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Algeciras y el resto de municipios.
Si has recibido una notificación de Hacienda o estás en una inspección tributaria, conviene analizar la documentación y la cuantía que la Administración considera defraudada antes de dar ningún paso. En LAWPRO estudiamos tu caso y valoramos contigo las posibles vías de defensa. Puedes escribirnos desde la página de contacto.
Llámanos al 629 46 70 75.
Luis López de Castro Alonso · Abogado penalista · Colegiado núm. 11.246 del ICAS
Defensa penal en la provincia de Cádiz, desde la primera declaración hasta la sentencia.
