Abogado de delitos contra la Administración pública en Cádiz
Despacho de abogados penalistas especialistas en prevaricación, cohecho y malversación. Defendemos a cargos, funcionarios y empresas investigados en la provincia de Cádiz.
Resoluciones, decretos y acuerdos de pleno o de junta de gobierno cuestionados por la oposición, la Fiscalía o un particular.
Un cargo electo puede ver cuestionada una licencia, una adjudicación o un nombramiento. La defensa sitúa la decisión en su contexto, con el principio de intervención mínima del derecho penal como guía: informes técnicos y jurídicos que la respaldaron, plazos, alternativas disponibles y práctica habitual del ayuntamiento. Esa situación administrativa determina en gran medida la posición penal, y nuestro equipo la estudia con cada cliente desde el primer asunto.
Funcionarios y técnicos
Informes, propuestas y certificaciones que sirvieron de base a una decisión después investigada.
En estos procedimientos la imputación suele alcanzar a quien propuso, quien informó, quien resolvió y quien resultó adjudicatario. Afecta también al personal de ayuntamientos, de la Diputación y de otras entidades públicas de la provincia. La defensa delimita qué actuación corresponde a cada cliente y en qué se apoyó, en defensa de sus intereses individuales.
Secretarios e interventores
Advertencias de legalidad, reparos y su relevancia al fijar responsabilidades.
El secretario o el interventor que advirtió de la ilegalidad, o que no lo hizo, ocupa una posición singular. Sus informes pueden proteger a quien decidió con ellos o comprometerlo si fueron ignorados. En el ámbito de la contratación, se analiza con documentación completa quién conocía qué y cuándo, para valorar la viabilidad de cada línea de defensa.
Empresas adjudicatarias
Contratistas y proveedores investigados por cohecho, tráfico de influencias o fraude en la contratación.
La empresa que contrata con la administración puede ser investigada junto con el cargo que adjudicó. Las personas jurídicas responden penalmente por cohecho y tráfico de influencias, con independencia de sus directivos. La estrategia protege a la sociedad y a sus administradores, y plantea una posible indemnización o reparación sin que los intereses de unos perjudiquen a los otros.
Perceptores de subvenciones
Ayudas públicas cuya concesión o justificación se cuestiona en la vía penal.
Una subvención mal justificada no siempre es delito y es un problema que muchas veces se resuelve con reintegro. Se examinan las bases de la convocatoria, la documentación presentada, los requerimientos de la administración y las posibilidades de reintegro, que pesan en la responsabilidad penal y en la civil.
Cargos de sociedades públicas
Administradores de empresas municipales, consorcios y fundaciones del sector público.
Quien gestiona una entidad pública o participada responde por el destino de los fondos que maneja. Se estudia el régimen de contratación, los controles internos y las decisiones del consejo o patronato, para separar la gestión discutible del comportamiento penal.
Una resolución ilegal no es, por sí sola, una resolución delictiva
La defensa consiste en situar cada actuación en el contexto administrativo en el que se produjo.
Los delitos contra la Administración Pública, una materia propia del derecho penal, están en el Título XIX del Código Penal, que rige en toda España. Protegen el bien jurídico de la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica. Su sujeto es la autoridad o funcionario público, es decir, quien participa en funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento (artículo 24 CP). También responde, como particular, quien ofrece o acepta la dádiva.
El derecho penal no sanciona cualquier infracción del procedimiento administrativo. Para que exista prevaricación, la resolución debe ser arbitraria y quien la dictó debe haber conocido esa arbitrariedad. Para que haya malversación debe acreditarse el destino dado a los fondos. El Tribunal Supremo separa la mera ilegalidad, por grave que sea, del comportamiento penal.
Por eso el expediente administrativo completo es, casi siempre, la prueba principal. Debe estudiarse antes de la primera declaración, con acceso íntegro a las actuaciones y control de las pruebas, incluidas las comunicaciones y grabaciones aportadas a la causa. Cada documento puede cambiar el resultado, y en ocasiones lo decide.
Penas del Código Penal para delitos de funcionarios públicos
Supuesto
Pena
Prevaricaciónart. 404 CP
Inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 15 años.
Cohecho (acto contrario a los deberes del cargo)art. 419 CP
Prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación de 9 a 12 años.
Cohecho (acto propio del cargo)art. 420 CP
Prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación.
Malversación por apropiaciónart. 432 CP
Prisión de 2 a 6 años; de 4 a 8 años si el perjuicio supera 50.000 euros.
Tráfico de influenciasart. 428 CP
Prisión de 6 meses a 2 años, multa e inhabilitación.
Fraude a un ente público en la contratación (delito económico)art. 436 CP
Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10 años.
Ilegalidad administrativa o delito
Ilegalidad administrativa
Se corrige anulando el acto
Se revisa en vía contencioso-administrativa
Puede bastar la falta de forma o de informe
No exige conocer la injusticia
o
Delito contra la Administración
Exige arbitrariedad conocida por quien resuelve
Se investiga en el proceso penal
Puede acarrear inhabilitación o prisión
Se prueba con el expediente y las intenciones
El expediente marca el orden del trabajo
Análisis del expediente
Reconstrucción de la tramitación: informes, propuestas, reparos, plazos y órganos que intervinieron.
Delimitar responsabilidades
Qué actuación corresponde a cada investigado y en qué se apoyó cada decisión.
Coordinar otras vías
Estrategia conjunta con el procedimiento contencioso-administrativo, disciplinario o contable.
Instrucción
Declaraciones, recursos y escrito de defensa ante el juzgado de instrucción.
Juicio
Vista ante la Sección de lo Penal o la Audiencia Provincial, según la pena del delito.
Dónde se instruye y se juzga en la provincia
La instrucción corresponde a la Sección de Instrucción del partido judicial donde se cometió el hecho (artículo 14.2 LECrim). El enjuiciamiento depende de la pena: Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia o Audiencia Provincial (artículo 14.3 y 14.4 LECrim). Con sede en El Puerto de Santa María, nuestro despacho de abogados penalistas interviene en toda la provincia de Cádiz y en esta jurisdicción, con abogados expertos en derecho penal de la función pública.
Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia
Del partido judicial donde se cometió el hecho
Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia
Enjuicia según la pena del delito
Audiencia Provincial de Cádiz
Enjuicia las causas más graves
Ministerio Fiscal
Ante los tribunales de la provincia
Qué hacemos por usted
Estudio del expediente
Analizamos toda la documentación administrativa antes de su primera declaración, según la necesidad de cada caso.
Defensa penal del cargo
Abogados especialistas con amplia experiencia defienden su actuación frente a la acusación pública o particular.
Protección de su carrera
Trabajamos la inhabilitación, la suspensión y el ejercicio de su cargo, con rigor y profesionalidad.
Coordinación de procedimientos
Alineamos la causa penal con los expedientes disciplinarios y contables paralelos.
Reserva ante la exposición
Expertos en estas causas, cuidamos su reputación y la confidencialidad desde el primer momento.
¿Le han citado como investigado por una actuación administrativa? Le escuchamos.
La experiencia ha sido de diez. Desde el primer momento me atendió genial, resolvió todas mis dudas y el resultado del trabajo fue estupendo. Me gustó mucho que estuviera tan pendiente y que me mantuviera al día de todo. ¡Así da gusto!
Sonia Castellano Durán
hace 3 semanas
★★★★★
Muy contenta con la atención recibida. Me explicó todo de forma clara y el trabajo que realizó fue muy bueno. Se agradece mucho que esté pendiente y que te vaya informando.»
Fran A V
hace 3 semanas
★★★★★
Me atendió muy rápido desde el primer momento y estuvo pendiente de todo. Muy buen trato, cercano y profesional. Da mucha tranquilidad encontrar un abogado así.
José Luís Serrano Sanchez
hace 1 mes
★★★★★
Una atención excelente desde el primer contacto. Cercanía, disponibilidad y mucha claridad a la hora de explicar cualquier duda.
miguel blanco
hace 1 mes
★★★★★
Se nota que conoce muy bien el derecho penal. Explica las cuestiones de forma sencilla y transmite mucha seguridad y experiencia.
jose ventura sanchez reyes
hace 1 mes
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Muy buen abogado sin duda. Directo, profesional,amable y desde el primer momento sin crear falsas expectativa. Me explico las distintas posibilidades y estuvo pendiente del asunto en todo momento. Muchas gracias por todo y seguiremos confiando en ti siempre.
Juan Murillo
hace 1 mes
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Muy recomendable. Atención rápida ,explicaciones claras y un trato cercano y profesional en todo el proceso de asesoramiento.
Leni Llopis Otero
hace 2 meses
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Una experiencia muy positiva dentro de una situación que no era nada fácil. Buen asesoramiento, cercanía y mucha profesionalidad. Gracias por estar siempre disponible, cuando te hemos necesitado.
José Carlos ALBERT Muñoz
hace 2 meses
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Muy recomendable. Cercano, claro y resolutivo. En una situación complicada agradecí especialmente poder contar con alguien que me explicara las cosas sin rodeos. La confianza que te transmite facilita la toma de decisiones en momentos difíciles. Siempre dispuesto a cualquier hora del día para atenderte.
GRUPO INNOVAX SL
hace 2 meses
★★★★★
Agradezco especialmente la implicación y la forma de explicarme cada paso. Nunca había pasado por una situación así y sentirme acompañado fue fundamental.
sergio trujillo
hace 2 meses
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Muy bien abogado. Directo, profesional y sin crear falsas expectativas. Me explicó las distintas posibilidades y estuvo pendiente del asunto hasta el final.
Rafael Gomez cala
hace 2 meses
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Una experiencia muy positiva dentro de una situación que no era nada fácil. Buen asesoramiento, cercanía y mucha profesionalidad.
Preguntas frecuentes sobre delitos contra la Administración Pública
Puede serlo. La instrucción no excluye por sí misma la responsabilidad, pero es relevante para determinar quién adoptó la decisión y con qué conocimiento.
Son procedimientos distintos que pueden coincidir en el tiempo. Lo que se sostenga en uno afecta al otro, por lo que conviene plantear la defensa de forma conjunta.
El artículo 432 CP prevé prisión de dos a seis años e inhabilitación especial cuando se apropia del patrimonio público con ánimo de lucro. Si el perjuicio supera 50.000 euros o hay daño grave al servicio, la prisión es de cuatro a ocho años. Si es inferior a 4.000 euros, prisión de uno a dos años y multa (artículo 432.3).
El artículo 404 CP castiga a la autoridad o funcionario que dicta a sabiendas una resolución arbitraria con inhabilitación especial de nueve a quince años, sin pena de prisión.
Sí. Reparar íntegramente el perjuicio antes del juicio oral, o colaborar eficazmente con las autoridades, permite bajar la pena en uno o dos grados (artículo 434 CP).
La primera declaración condiciona el resto del procedimiento
Si le han citado como investigado, ha recibido una querella o tiene conocimiento de diligencias relacionadas con una actuación administrativa en la que intervino, puede solicitar una consulta confidencial para analizar el expediente antes de declarar.
Con sede en El Puerto de Santa María, intervenimos ante los juzgados de la provincia de Cádiz y la Audiencia Provincial. La dirección de cada asunto corresponde a Luis López de Castro Martín, más de cuarenta años ejerciendo en la jurisdicción penal.